Las secciones anteriores señalan tres hechos importantes para comprender las actuales interacciones entre ambientalistas y el Estado. Por un lado, el Estado hoy reconoce el tema ambiental como de gran importancia; en segundo lugar, esto no implica que renuncien al crecimiento económico; y en tercer lugar, esto se da en un contexto neoliberal. Examinaremos seguidamente otros aspectos que se derivan de esa situación.

La crítica ambientalista siempre ha sido un flanco débil de los gobiernos. Aquellos han sido muy efectivos en demostrar la inefectividad y desinterés del Estado por los temas ambientales, y el apego por patrones de crecimiento económico antes que por la conservación de recursos naturales. En muchos países el primer contaminante y explotador del ambiente es el Estado, especialmente por sus empresas públicas.

Asimismo, el Estado debe interaccionar con un movimiento ambientalista hoy mucho más organizado. Las ONGs son en muchos casos tan poderosas como algunas divisiones estatales, son más eficientes en el manejo del dinero, no están atadas por relaciones de dependencia política, y su nivel científico es elevado. En suma, poseen una autoridad y un poder en aumento que erosiona la autoridad del Estado, y en muchos casos su propia base legitimante de sustentación. Por ejemplo, cuando se critica al Estado por su incapacidad de evaluar las repercusiones ambientales de una represa, se cuestiona no sólo su capacidad técnica, sino también su incapacidad de velar adecuadamente por un bien común.

La respuesta del Estado ante esta erosión ha sido por un lado frenar esas críticas con respuestas puntuales. Pero lo más interesante es el nuevo sesgo, donde el Estado genera las reglas para que se realice esa discusión de manera de controlar. Un ámbito que era de política no institucionalizada está ahora superpuesto con otro de política institucionalizada que está siendo empujado desde los gobiernos y los partidos políticos tradicionales.

La lucha clave no reside aquí en discutir si se debe eliminar tal o cual foco de contaminación, sino en las reglas por las cuales se van discutir éstos y todos los demás temas ambientales. El Estado, como árbitro primero, delimitará qué temas son de esa discusión, cuáles no, y los mecanismos para discutirlos. Así se están generando diversas leyes de evaluación de impacto ambiental, leyes del ambiente, códigos ambientales, etc. El Estado mismo está muchas veces más interesado en la sanción de una ley o código que en su implementación (como por ejemplo, la sanción del Código del Ambiente en el Perú, que enfrenta problemas de implementación).

En nuestros países el Estado se expande, institucionalizando lo que antes era casi exclusivamente una forma de acción política no-institucionalizada de los ambientalistas. El proceso se potencia por la presión y exigencias externas (los países industrializados, los bancos de desarrollo multilaterales, agencias, etc.), y por la presión interna que existe en cada país (el propio movimiento ambientalistas, la prensa, etc.). El resultado que hoy se insinúa es que los recursos naturales son ingresados al ámbito de la política pública institucionalizada. Es obvio que aquí participan muchos actores con muy diversos objetivos y posturas de cómo debería ser la relación de las personas con la Naturaleza.

Aunque sí existe esa expansión institucionalizada, alentada desde el Estado, esta tendencia coexiste con otra de privatizar gran parte de las políticas ambientales. En primera instancia esto puede resultar una interesante contradicción: por un lado, el Estado intenta expandirse para manejar el tema ambiental, pero por el otro, también intenta retraerse del manejo de ese tema. Esta contradicción expresa un mismo proceso.

En efecto, el objetivo de la expansión del Estado no es tener bajo su responsabilidad (manteniendo, administrando, subvencionando, etc.) todo lo relativo al ambiente, sino que se expande para dar reglas de juego. Esto es, que lo que estaba afuera de las reglas del juego político sea ahora reenmarcado y re-construido con ''nuevas'' reglas. Así los ministerios ambientales, las secretarias del ambiente, etc., se erigen como organismos de discusión política, en muchos casos cumpliendo actividades esencialmente administrativas que sirven a requisitos externos (por ejemplo, los del Banco Mundial, BID, EEC, etc.) o en la implementación de esas reglas (por ejemplo, encaminando evaluaciones de impacto ambiental, terciar entre las protestas populares ante la contaminación y las industrias contaminantes, etc.).

Estas ''nuevas'' reglas no son realmente nuevas, sino que son las viejas políticas estatales adaptadas y reelaboradas para abarcar lo ambiental. De hecho, este conjunto de reglas responde a una misma lógica que está legitimando y reforzando aún más la lógica en que todas días se apoyan. El mercado libre, la libre competencia, el individualismo, etc., salen así más triunfantes y fortalecidos ya que se demuestra una vez más su infalibilidad: aquello que había dejado afuera, el ambiente, ahora puede ser ingresado con efectividad.

La retracción del Estado se observa en toda América Latina, privatizando algunos aspectos del control de contaminación, recurriendo a canjes de deuda externa por naturaleza administrados por ONGs, privatización de parques nacionales, uso productivo de los parques nacionales (permisos para extracción de hidrocarburos, maderas, etc.).

Otra de las consecuencias más llamativas de este proceso es la generación de una ''nueva'' política conservacionista. La vieja política conservacionista fue casi siempre crítica y contestataria del Estado y sus estilos de desarrollo. Los ''viejos'' objetivos eran proteger algunas especies en peligro de extinción, y por añadidura, proteger los recursos naturales como parte del patrimonio de la nación, y así mantener la diversidad de la vida

Como parte de la creciente heterogeneidad del discurso ambientalista, se genera una ''nueva conservación'' que no niega los objetivos de su predecesora, pero agrega nuevos elementos, y los énfasis están en estos últimos. Los recursos naturales son concebidos con valores potenciales (económicos, científicos, etc.), y por lo tanto un manejo adecuado de los recursos naturales es esencial para mantener en funcionamiento los actuales procesos de producción. El punto extremo de esta visión es que, en realidad, la conservación es también sujeto de la economía, no la tradicional, porque ha sido incapaz de considerarlos, sino de una nueva economía que ha internalizado todas las externalidades. Sus temas predilectos son la biodiversidad, una nueva visión sobre las áreas silvestres protegidas, la biotecnología y las agroindustrias, y los temas ambientales globales.

Aquí se cierra el círculo, ya que en tanto los recursos naturales son recursos económicos, el Estado debe necesariamente dar las reglas para regular su apropiación y uso. Un ejemplo destacado es que hoy se habla de los Parques Nacionales como ''bancos de genes'' (es extremadamente llamativo como ha ingresado la palabra ''banco'' al vocabulario conservacionista). Políticas de este tipo se alientan, en forma conjunta, por instituciones de financiamiento multilateral (como el Banco Mundial) y organizaciones ambientalistas (como el WWF) (12). En tanto un área protegida es ''banco'' de material silvestre, el bienestar de las comunidades locales queda en segundo plano e incluso la presencia humana puede ser perjudicial por su potencial de ''interferir'' con los procesos ecológicos (13). Los genes se han convertido en mercadería, y son comercializados (discutiéndose actualmente el manejo de patentes sobre ellos en el GATT). Se está desarrollando una nueva contabilidad que ingresa lo ambiental (refinéndose al ''capital natural'', la contabilidad nacional ambiental, el PBI ambiental, etc.); en este campo la Comisión Económica para América Latina está avanzando rápidamente (14).

Igualmente la política ambientalista está al servicio del crecimiento económico. El propio informe Brundtland encerraba este fantasma, cuando señala que el desarrollo sustentable debe abrir las puertas a un nuevo período de crecimiento económico. Así, los gobiernos han encontrado la manera de invocar un desarrollo sustentable ''armonioso con la Naturaleza'', sin abandonar su apego por el crecimiento económico. Muchos científicos apoyan esto calurosamente, y consideran que las nuevas tecnologías de punta (especialmente cibernética y biotecnología) abrirán las puertas a una nueva era de desarrollo económico de América Latina (sin reparar en las consecuencias de la biotecnología en el ambiente y en los pequeños agricultores). La propia contrapartida latinoamericana dei Informe Brundtland, ''Nuestra propia Agenda'', recoge ese apego por la expansión, sólo advirtiendo que ésta debe generar bienestar para todos (15).

Otro aspecto que no puede descuidarse es el contexto internacional con que se enfrentan los gobiernos latinoamericanos. El tema ambiental es ahora considerado como un tema global, que potencialmente puede afectar a toda la humanidad, a cualquier país.

Los países desarrollados hoy ejercen una política ambiental que puede llegar a presionar duramente a los países latinoamericanos. Esto se hace especialmente por condiciones y limitaciones a los préstamos y ayudas financieras; incentivos para la reorientación productiva hacia determinados productos; la implantación de áreas silvestres protegidas, especialmente aquellas relacionadas con centros de alta diversidad biológica; etc. Estas y otras medidas merecen una mirada crítica. La mayoría de los programas orientados al desarrollo evitan ir al origen real de estos males, como por ejemplo en las relaciones de comercio internacional que fuerzan a la extracción masiva de recursos; el tema de la deuda externa latinoamericana; etc. Por otro lado, las políticas de conservación, como por ejemplo las de parques nacionales, en los hechos han sido ineficaces para mejorar la situación de las poblaciones rurales, e incluso se han originado diversos conflictos con las comunidades indígenas. Muchos parques nacionales parecen más bien bancos de genes salvajes que son ahora muy necesitados por los cultivos de los países industrializados.

El mismo concepto de ''problema global'' tiene una dimensión de radicalidad excluyente.

Todos los problemas regionales latinoamericanos quedan en un segundo plano, por detrás de los problemas globales. Los recursos escasos que poseemos y la ayuda de las agencias internacionales, deberían ser dirigidos, a juicio de varios voceros del Norte, a la solución de esos problemas globales.

Pero los políticos latinoamericanos también deben tomar cabal conciencia de que los problemas globales se articulan con los regionales. En muchos de nuestros países, los políticos que se dicen ambientalistas, siempre están dispuestos a hablar de la capa de ozono o el efecto invernadero, pero se resisten a juzgar la contaminación de las grandes fábricas de sus ciudades. El primer tema no implica asumir responsabilidades, y es ciertamente elusivo; el segundo, por el contrario, exige de pronunciamientos claros, sea hacia los dueños de una fábrica contaminante o las comunidades que sufren de sus emisiones. Es hora de que los políticos latinoamericanos también tomen en serio los problemas ambientales de sus países.

Debemos reconocer que la mayoría de los gobiernos de América Latina han hecho poco o nada para proteger el entorno natural. Pero es también cierto que con esas excusas, gobiernos y agencias del Norte han intentado, groseramente, entrometerse en los asuntos soberanos de los países latinoamericanos. Y los del Sur, escudados a su vez en el concepto de soberanía, han promovido proyectos de desarrollo que han resultado, algunos en catástrofes, y los más han sido ineficaces en solucionar los graves problemas de pobreza del continente (16).

La pareja ambientalista-Estado es una ''extraña pareja'' por varios motivos. En primer lugar ésta es una relación plural, ya que por un lado, el movimiento ambientalista es muy heterogéneo internamente, y por el otro , el Estado también lo es, aunque de otra manera, y con otros objetivos y potencialidades. Los diálogos se pueden establecer entre muy distintos componentes de estos dos conjuntos, lo que se expresa por diversos temas ambientales, que se discuten simultáneamente, a veces en forma contradictoria. Además ésta es una pareja por necesidad, y no necesariamente por voluntad propia. El Estado no ha tenido otra opción que iniciar esta relación.

Seguidamente se consideran algunos aspectos de los nuevos diálogos que se están realizando sobre los temas ambientales.

Dentro de esta diversidad, varios ambientalistas han intentado un camino dentro la esfera de la política tradicional, asociada al Estado, conformando ''partidos verdes''. Muchos de éstos han tenido una muy corta vida, y se están disgregando, mientras que se crean corrientes de opinión ''verdes'' dentro de los partidos tradicionales de cada país.

Asimismo, las posturas políticas dentro de los ambientalistas latinoamericanos son divergentes (17). Por otro lado, las nuevas agencias y ministerios ambientales creados por los gobiernos latinoamericanos, están la mayor parte de las veces integrados por personas cercanas a las posturas de los ''administradores ambientales'', donde las soluciones técnicas, desarticuladas, y a corto plazo, son las preferidas. Los partidos verdes no han logrado crecer en América Latina (18).

Muchos políticos tradicionales tienen una visión sesgada del movimiento ambientalista, en parte debido a sus experiencias pasadas con los contrahegemónicos. Los consideran intolerantes, y se da la paradoja de que los partidos de derecha los tildan de izquierdistas, y los de izquierda de apáticos políticos o ''revolucionarios de café''.

Es paradojal que la izquierda latinoamericana siga sin entender al movimiento ambientalista. Este no tiene una estructura de clase, no habla en nombre de una clase.

Además plantea para la izquierda un nuevo reto que aún no ha asumido. El movimiento ambientalista pone sobre el tapete los valores invocados de cómo funciona y se estructura la sociedad, y todo lo que deriva de esas dos cuestiones fundamentales. En los últimos años, la izquierda en América Latina ha estado tan obsesionada con dar una imagen de gobernabilidad que ha quedado atrapada en cuestiones de instrumentación técnica de políticas que a la hora de su aplicación se parecen a la de quienes han estado en el centro de sus críticas.

A pesar de todo esto, los partidos políticos latinoamericanos están utilizando el tema ambiental en sus discursos y programas, la mayor parte de las veces en forma superficial y sin llegar a concebir soluciones de fondo. Incluso, es uno de los temas usados para atacarse unos a otros.

El diálogo entre las organizaciones vinculadas al Estado (burócratas, técnicos, políticos de los partidos tradicionales, etc.) y los ambientalistas, tienen muy diversas características, en atención a la diversidad de ambos. Consideraremos algunos ejemplos destacables.

Los administradores ambientales, han establecido con mayor facilidad diálogos con los gobiernos. Esto se ve favorecido por el proceso de que ex-políticos, y ex-altos funcionarios, han fundado sus propias ONGs, y en ellas abordan los temas ambientales. Así los ámbitos gubernamental y no-gubernamental se tienden a confundir.

Las relaciones del Estado con los grupos contrahegemónicos, son más conflictivas. Estos mantienen y alientan diversas manifestaciones de protesta, veto, etc. Su poder de negociación con el Estado es limitado, por varios motivos: por un autolimite en tanto están atados a valores que el Estado aún no comparte, tampoco tienen nada que dar a cambio, y no poseen una organización centralizada.

En efecto, los ambientalistas radicales apuntan a la propia base ética de legitimación del Estado, y así desarrollan una crítica demoledora, contra el mercado, el dinero, las instituciones que éstos generan, etc. La extendida crisis de pobreza, y la inefectividad de los gobiernos recientes, abonan esas críticas.

Los nuevos diálogos tienen un componente personal e individual que es muchas veces pasado por alto. Sin embargo deben resaltarse hechos como que un dirigente campesino o aborigen de un país latinoamericano se encuentre con el ministro de economía de su país en los corredores del Banco Mundial. He visto a más de un alto gobernante latinoamericano desconcertado por esto. He presenciado como uno de los vicepresidentes del Banco Mundial explicaba las políticas de desarrollo y sus repercusiones ambientales en Brasil, y de manera imprevista, los representantes de las ONGs brasileñas desmentían esas afirmaciones con fotos en sus manos. Los políticos, antes inmunes en esas reuniones internacionales, ahora aparecen con un aire desprotegido

Todo parece indicar que la pareja ambientalistas-Estado se mantendrá y que sus interacciones cobrarán más intensidad, que incluso podrán llegar a actuar en forma conjunta en aquellos puntos consensuados, donde es probable que se engendren algunos ''hijos'' (tales como instituciones híbridas de manejo ambiental). Estas relaciones también están marcadas por profundas tensiones, que apenas ahora están emergiendo. Rajo este panorama, se examinarán algunos aspectos recientes de esta relación en el supuesto que cobrarán relevancia para el futuro de esta pareja.

Un primer punto se refiere al nuevo dimensionamiento del tema ambiental. Existe una tendencia de los gobiernos latinoamericanos de rotularlo como tema de seguridad nacional, dado el contexto de conflictividad interna y las presiones externas (19). El concepto de seguridad nacional se vuelve a ampliar, y consecuentemente el concepto de soberanía se modifica. Existe aquí el embrión de posibles conflictos internacionales, en tanto los gobiernos del Norte pueden invocar que los desórdenes ecológicos causados en el Sur pueden afectarlos, y por lo tanto se justificarían su intervención en nuestro países. En el mismo sentido ya la inclusión de temas ambientales en la regulación del comercio internacional (especialmente el GATT); las discusiones sobre los derechos de propiedad intelectual sobre plantas y animales de América Latina; y las consecuencias de la biotecnología sobre el uso de los recursos naturales, especialmente en la agropecuaria.

Un segundo punto, se refiere a que el discurso ambientalista es actualmente utilizado no sólo por los ambientalistas, sino por una amplia variedad de grupos y organizaciones: gobernantes, empresarios, militares, etc. Muchos de éstos esgrimen palabras más radicales que las de los propios ambientalistas.

De esta manera se está generando un discurso ecocrático, como medio de ejercer poder y autoridad. En este proceso, elementos del discurso ambientalista son apropiados desde otros ámbitos y se los utiliza para justificar una o más normas o instituciones. Se están observando los primeros síntomas de este fenómeno. Lo preocupante es que, dada la diversidad interna del movimiento ambientalista, el Estado no enfrenta muchas dificultades en apropiarse de algunos elementos de ese discurso, especialmente aquellos más conservadores, y justificar así sus políticas actuales. De esta manera los ambientalistas están dando los elementos que, usados en otros contextos, pueden legitimar lo que ellos siempre han combatido. Los gobiernos de América Latina y las agencias internacionales olvidan las incertidumbres científicas, y presentan nuevas propuestas de desarrollo económico con un tenue barniz ''ecológicamente sustentable''.

Parte de este fenómeno es la generación de un ecomesianismo, entendido como una fe exagerada e injustificada en las ideas ambientalistas, como agentes de cambio que van a salvar a toda la humanidad. El discurso ecocrático da la legitimación frente a la sociedad, y los ecomesiánicos serán los agentes del cambio (20). Muchas organizaciones asumen así posturas pedagógicas de enseñar, especialmente al Sur, cómo manejar racionalmente sus recursos naturales. De la misma manera, presenciamos la generación incipiente de un corporativismo ambiental que dialoga directamente con los gobiernos excluyendo la participación abierta, cuyo ejemplo más conocido sea posiblemente la generación de políticas ambientales desde el World Resources Institute.

Como tercer punto, es necesario que los ambientalistas generen su propia reflexión, que supere la mera crítica, y brinde opciones de trabajo futuras. Temas como la industrialización, macroeconomía, etc., han sido abordados sólo superficialmente, y es necesario explorar soluciones alternativas.

Como cuarto punto, debe señalarse que aunque la recuperación democrática ha alcanzado a todo el continente, está aumentando el distanciamiento con la política tradicional. Existe una herencia de los regímenes dictatoriales de experiencias reales en la auto-organización de los ciudadanos dentro de los nuevos movimientos sociales, haciendo un hecho la vieja idea de la ''ayuda mutua''. Estos movimientos sociales, en su mayoría han tenido interacciones ríspidas con los nuevos políticos. Paradojalmente, muchos de los nuevos políticos han nacido en el ámbito de los nuevos movimientos sociales, pero al acceder al ámbito del Estado se han desembarazado de esa herencia, y reproducen prácticas que antes criticaban (21). Se está generando una ruptura creciente entre Estado y lo que muchas veces se llama ''sociedad civil'', en tanto esta última no quiere ser una ''sociedad política'' (22). El poco éxito de las nuevas democracias, el estancamiento económico, el mantenimiento o empeoramiento de la crisis socioambiental ha llevado a un desencanto político generalizado, y está comenzando a volver la auto-organización solidaria entre los ciudadanos, emergiendo de esta manera cooperativas, asociaciones, ''ollas populares'', etc. (23). En este proceso hay una gran riqueza y potencialidad transformadora de la sociedad.

Finalmente, debe revalorarse el papel de la búsqueda del consenso. En este caso el movimiento ambientalista no debería perder uno de sus atributos más originales como lo ha sido su obsesión por la participación verdadera. Parte del desencanto político en América Latina se debe a que la población ha comprendido que la política tradicional le ofrece un estilo de participación frustrada. El ambientalismo debe recuperar una participación profunda. O en palabras más simples, continuemos intentando ser mejores que quienes criticamos.

No puede negarse que las relaciones entre grupos humanos poseen un grado de conflictividad. Pero, en tanto los ambientalistas tienden a concordar que la actual depredación sobre la Naturaleza se debe a una postura de dominio sobre ella, y que esta postura es la misma que explica el dominio de unos hombres sobre otros, ellos no pueden reproducir en su seno situaciones de este tipo. Por el contrario, deben generar una nueva política, que a diferencia de la tradicional, apunte a desmontar la dominación.

Es posible que esto sea difícil de alcanzar. Pero frente al desencanto que existe en el continente, a la repetida frase de ya no hay más esperanzas, el movimiento ambientalista, junto a otros nuevos movimientos sociales, expresan profundos proyectos utópicos: hay alternativas, hay posibilidad de cambio. Esta posibilidad de transformación sólo es posible si cada día, en todos los lugares, se abre las puertas al respeto y la participación de otros, aun los que consideremos los más equivocados. En sociedades cansadas de enfrentamientos, esto, por si sólo, será un cambio revolucionario.